LOS POLITICOS RESPONSABLES DEL CAMBIO CLIMATICO

Manifiesto de la Asamblea de Movimientos del FSM en Madrid

Otra salida de la crisis es posible

Los movimientos de Madrid que compartimos la Carta de principios del Foro Social Mundial queremos reclamar ante la ciudadanía la necesidad de buscar alternativas al modelo económico y social capitalista que está en el origen de la crisis actual. Para nosotros, y para millones de personas que se agrupan en los movimientos antiglobalización, la crisis de estos últimos años es la última expresión de un sistema socialmente injusto y destructor del planeta: “Estamos ante una crisis global provocada por el capitalismo, que no tiene salida dentro de este sistema” (FSM de Belén, Brasil, 2009).

De dónde partimos

Bajo la dictadura de las finanzas y las políticas neoliberales, la mayoría de la población mundial ha sido y es víctima de la explotación económica y la marginación política. En Europa y en España la globalización capitalista afecta a todos los ámbitos de nuestra vida y nos hace rehenes y cómplices de un sistema injusto y un modelo de desarrollo no sostenible que provocan deuda externa, esquilmación de recursos naturales, cambio climático irreversible y exclusión, represión y xenofobia hacia los sectores sociales más frágiles o más críticos, que con frecuencia son criminalizados, perseguidos y encerrados (caso de los CIES).

La violencia establecida y la manipulación mediática, en sus múltiples manifestaciones, se han normalizado y el bipartidismo a golpe publicitario impide la participación directa de la ciudadanía en el espacio público. La disolución de la frontera entre la política y los negocios refuerza la corrupción tanto de empresarios como de políticos, mientras la televisión y los principales periódicos contribuyen a adormecer las conciencias, silenciando el dolor de las víctimas y las voces de quienes exigen justicia.

En su condición de sometidas al sistema patriarcal y al capitalista, las mujeres padecen doble discriminación (triple entre las inmigrantes). Sufren violencia psicológica, física y sexual, existiendo para ellas un “techo de cristal” que las discrimina, les quita autonomía sobre su propio cuerpo (resistencias a la ley del aborto) y las relega a empleos menos cualificados y peor pagados, cargando con la mayor parte del trabajo en el hogar, la educación de los hijos y los cuidados a personas dependientes.

La respuesta oficial no sirve: más de lo mismo

Desde los poderes establecidos (cumbres del G-20 en Washington, Londres y Pittsburg, Foro de Davos, lobby europeo ERT, grandes medios de comunicación…) se repite machaconamente que la crisis es pasajera y básicamente financiera. Su salida de la crisis consiste en recuperar el modelo de crecimiento de años anteriores, lo que pasa por reactivar la espiral del crédito y de los negocios privados a costa de los trabajadores, mantener un modelo de crecimiento insostenible y seguir apostando por una rígida jerarquización en las relaciones Norte-Sur. Nosotros no estamos de acuerdo. La crisis es sistémica y global: de valores, política, económica, alimentaria y ecológica a escala planetaria.

§ Los gobiernos de los países ricos –incluida España- han aportado inmediatamente billones de euros para salvar a la banca privada y a las grandes empresas en crisis; en cambio, no consideran como objetivo inaplazable la desnutrición crónica de más de mil millones de seres humanos en los países del Sur.

§ Las empresas capitalistas, que acumularon en España inmensos beneficios en la década anterior sobre la base del estancamiento de los salarios y los contratos precarios de sus trabajadores, no dudan ahora en prescindir de ellos y en un solo año han destruido 1,5 millones de empleos. En más de un millón de hogares todos sus miembros activos están en paro lo que ha incrementado el número de personas indigentes y sin techo.

§ Los responsables políticos, en lugar de promover medidas de reparto del empleo y control de los beneficios, aplican parches que no se dirigen a la raíz de los problemas (como los recientes 420 euros a los parados que han agotado su prestación a partir del 1 de enero de 2009).

§ La banca privada y las cajas de ahorros –con la complicidad del Banco de España y demás poderes públicos- ganaron dinero a espuertas con las hipotecas en años anteriores y ahora son inflexibles con los deudores que no pueden pagar, muchos de ellos en paro (59.000 embargos en 2008).

§ La comunidad madrileña experimenta las anteriores contradicciones en términos superlativos, tanto en lo relativo a la desigualdad de la riqueza, como a la destrucción de empleo, embargos y privatización de servicios públicos. El presupuesto de sanidad pública en 2009 disminuyó respecto a años anteriores y para 2010, por primera vez, los recursos destinados a educación concertada superarán los destinados a enseñanza pública. Hasta el agua del Canal de Isabel II está dando pasos hacia su privatización.

Nuestras alternativas

Para salir de la crisis, exigimos y nos comprometemos a trabajar por:

1. La depuración de responsabilidades empresariales y políticas que la han favorecido, a la vez que reclamamos alternativas que vayan al fondo del problema y que permitan construir nuevas formas de producción, de consumo y de política económica en el medio y largo plazo.

2. Una economía social y cooperativa, orientada a satisfacer las necesidades de la población, no a la búsqueda del beneficio.

3. Una producción y consumo responsables, compatibles con el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y el necesario respeto a los límites de un planeta sobreexplotado. Defender la soberanía alimentaria y la no privatización del agua y de los recursos energéticos y minerales básicos.

4. Una banca pública bajo control social que sea parte de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, la vivienda o las diversas formas de protección social. Hay que poner freno a los procesos de privatización en marcha y promover una gestión participativa de los recursos públicos (presupuestos participativos y demás iniciativas en ese sentido).

5. Un sistema fiscal progresivo que grave enérgicamente las ganancias del capital, las rentas y patrimonios más altos y el consumo de productos de lujo; que castigue duramente el fraude fiscal, los depósitos en paraísos fiscales y cualquier otra forma, abierta o encubierta, de evasión de impuestos o de trato privilegiado a los más ricos (como las SICAV).

6. Frente al desempleo y los despidos masivos en coyunturas de crisis, una drástica reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo. La clase asalariada no tiene por qué pagar la crisis que provocan los capitalistas.

7. Una renta básica universal no condicionada que podría financiarse con un impuesto a las rentas más altas y mediante una reducción drástica de los gastos militares (actualmente diez veces mayores que toda la Ayuda al desarrollo).

8. Una democracia más real a todos los niveles, basada en la justicia social y de género, y en la igualdad de derechos sin discriminación para el conjunto de la población mundial –“ningún ser humano es ilegal”- y nuevas fórmulas de organización internacional donde todos los pueblos de la tierra tengan el mismo peso político y puedan dirimir sus conflictos sin que la violencia sea nunca una estrategia para nadie.

En el plano local nos proponemos recuperar Madrid como espacio público de la ciudadanía en base a los criterios apuntados, lo que será posible mediante la movilización, la coherencia personal y colectiva, y la confianza en que, si nos lo proponemos, “otra salida de la crisis es posible”. Este es el lema consensuado para el décimo aniversario del FSM, que será descentralizado en todo el mundo en 2010 y que en Madrid lo celebraremos en el mes de enero (más información en www.forumsocialmundial.org.br y www.fsm09madrid.org).

¡Otro mundo es posible, otra economía también!

¡Los seres humanos y la naturaleza no son mercancías!

Obama y ZP disuelven el G-20 para crear el G-192

DEFENDER LA VIDA

ENTRA DENTRO

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

21 de septiembre de 2009

En todas partes del mundo, millones de hectáreas de tierra productiva están siendo rápidamente convertidas en desiertos verdes presentados bajo el disfraz de “bosques”. Así lo asegura numerosas Organizaciones del mundo entre las que se encuentran el Movimiento Mundial por los Bosques, en una declaración internacional pidiendo se detenga la expansión de los monocultivos de árboles.

Aseguran que las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos – eucalipto, pino, palma aceitera, caucho, jatrofa y otras especies – que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida. La tierra cultivable, crucial para la soberanía alimentaría de las comunidades locales, es convertida en monocultivos de árboles que producen materias primas para exportación. Los recursos hídricos son contaminados y agotados por las plantaciones, al tiempo que los suelos se degradan. Las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente, y van desde la pérdida de los medios de vida y el desplazamiento hasta la represión e incluso casos de tortura y muerte. Si bien las comunidades sufren en su conjunto, las plantaciones tienen impactos diferenciados de género, siendo las mujeres las más afectadas.

A pesar de toda la evidencia disponible acerca de los impactos sociales y ambientales de estos monocultivos, siguen siendo promovidos por una coalición de actores que van desde la FAO hasta las agencias bilaterales, desde el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques hasta los gobiernos nacionales, desde empresas consultoras hasta bancos privados y de desarrollo.

El motivo real detrás de las acciones de estos actores es simple según la declaración Internacional firmada por numerosas ONGs: apropiarse de la tierra de la gente para que empresas de celulosa y papel, madera, caucho, palma aceitera y, recientemente, también biochar (carbón que sería enterrado en el suelo, donde se supone serviría como fertilizante y como depósito de carbono), puedan acceder a mayor cantidad de materias primas más baratas para aumentar aun más sus ganancias.

En respuesta a la publicidad adversa sobre los impactos de las plantaciones de árboles, las empresas han recurrido al uso de mecanismos de certificación, como el FSC, el PEFC, la SFI y la RSPO, los cuales les proporcionan credenciales “ecológicas” falsas que les permiten seguir con sus negocios de siempre.

El problema se ha agravado aún más con la llegada de nuevos comediantes del sector empresarial que apuntan a obtener beneficios del cambio climático, promoviendo falsas soluciones a través del establecimiento de las llamadas plantaciones para “sumideros de carbono”, la creciente demanda de los agrocombustibles y etanol y la introducción de árboles genéticamente modificados. Sin embargo, los planes de las empresas se enfrentan a una oposición creciente. País tras país, la gente se levanta para oponerse a la expansión de las plantaciones de árboles y un movimiento mundial ha crecido a lo largo de los años, unificando las numerosas luchas locales y ayudando a hacerse oír a quienes sufren por causa de las plantaciones.

En numerosos lugares los campesinos y las poblaciones indígenas son presionados para que abandonen las tierras tradicionales. De resistirse, queman sus plantaciones y arbolados, son expulsados a la fuerza y en numerosas ocasiones el asesinato impune se realiza sin ningún pudor.

Existe un levantamiento general del movimiento indigenista que está siendo silenciado por las propias naciones donde se produce y por la Comunidad Internacional, cómplice de estas masacres, ya que muchas de las empresas a las que se les concede la explotación de las tierras, la destrucción de las selvas, son compañías occidentales o asiáticas que se benefician del poco respeto que se tiene al medio ambiente.

Los monocultivos de palma de aceite y jatrofa, así como de caña de azúcar, trigo, maíz, soja y otros cultivos que sirven de materia prima para la obtención del biodiesel y etanol; se ha convertido en un crimen contra la humanidad. No sólo desplazan a las poblaciones afectadas, sino que destruyen la biodiversidad del planeta, las selvas tropicales, formando desiertos verdes, contribuyendo con ello al aceleramiento del cambio climático. Además, no es ético ni humano, emplear millones de hectáreas con destino a los agrocombustibles, mientras millones de personas mueren de hambre.

Sin embargo a pesar de ello, las naciones Unidas, tras una destrucción de una porción de selva mediante incendio o tala, si después se planta monocultivos de cualquier tipo de árbol, no considera que haya existido pérdida de masa forestal. Esto es un gravísimo error. Donde existen estas plantaciones de árboles, no hay vida, el suelo está muerto, es una pintura verde en medio de la nada.

Estos bosques sin vida, provocan graves impactos en las comunidades donde se plantan:

-Grandes empresas multinacionales ocupan enormes áreas de tierras que sirven de sustento a poblaciones locales.

-Destruyen amplias superficies de selva o bosque autóctono.

-Agotan las fuentes y cursos de agua locales.

-Arrasan la vegetación provocando así la desaparición de los animales que de ella depende.

-Las mujeres sufren impactos que las afectan específicamente a ellas cómo violaciones, raptos, falta de seguridad por los hombres encargados de la explotación maderera.

-Se genera pocos empleos, en condiciones de trabajo muy malas.

-Afectan a la salud de las personas por los cambios en los ecosistemas locales, el uso masivo de insecticidas y por la desaparición de plantas medicinales.

-Graves violaciones de los derechos humanos: amenazas, tortura, terror, asesinato individuales a lideres o masivos.

-Dan lugar a grandes incendios que ponen de forma continúa en riesgo la vida de las personas.

-Expulsan de sus tierras a los indígenas o campesinos propietarios de tierras. Si se resisten queman sus tierras con lo que su valor se convierte en nada o son asesinados.

Esta es una realidad del siglo XXI, de ahora, de un periodo en el que se supone que los gobernantes deben estar sensibilizados por el aceleramiento del cambio climático. Sin embargo se permite que estos monocultivos de árboles o de otros productos imprescindibles para la alimentación humana, sean empleados por intereses de multinacionales que solo buscan el negocio bajo la permisividad de los gobiernos y de la Comunidad Internacional incluida la ONU y la FAO.

Mientras que las selvas tropicales no sean declaradas patrimonio de la humanidad, mientras que no se prohíba a las multinacionales el enriquecerse a costa de los pobres, mientras que existan gobiernos que lo permitan y promuevan este crímenes contra la Humanidad; seguirá cometiéndose y todos nosotros seremos culpables por nuestro silencio, un auténtico crimen contra la humanidad.

El día 21 de septiembre próximo es el día internacional contra los monocultivos de los árboles. Muchos campesinos y líderes indígenas serán asesinados hasta entonces, mucho hambre y dolor en las manos de los que trabajan la tierra con dignidad y respeto. ¡Exijamos y pidamos todos, el fin de los monocultivos y la declaración de todas las selvas del mundo como patrimonio a la humanidad!.

PEDRO POZAS TERRADOS

Malasia: Pueblos Indígenas piden moratoria sobre plantaciones de árboles a gran escala

El 9 de agosto de 2009, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, la Coalición de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Malasia llamó a los gobiernos estatales malayos “a detener la plantación de árboles a gran escala y otras actividades extractivas en nuestras tierras tradicionales hasta que se adopten medidas eficaces para salvaguardar nuestros derechos y el medio ambiente”.

Las Organizaciones Malayas de Pueblos Indígenas describieron en un comunicado de prensa (1) cómo las empresas madereras habían explotado su bosque, que es la fuente de sus medios de subsistencia: “La tala ha destruido la base de nuestros medios de vida, las variedades vegetales como las plantas medicinales, los animales y los peces están en peligro o se han extinguido”.

A los Pueblos Indígenas les esperan otros males: “En Sarawak, nuestras comunidades aún no se han enfrentado a lo peor que se avecina. Como la industria maderera está decayendo en Sarawak, el actual gobierno estatal intenta enérgicamente diversificar y ampliar su base de ingresos destinando tierras a las plantaciones a gran escala de árboles y de palma aceitera. Una y otra vez, estos emprendimientos han invadido tierras y bosques de diversas comunidades indígenas que declaran poseer derechos consuetudinarios indígenas (DCI) sobre ellos”.

Considerando las tierras DCI como “vacantes”, el gobierno fomenta su comercialización a gran escala como medio de integrar “a las comunidades nativas en la sociedad dominante, con el fin de mitigar su pobreza. Este argumento se usó para promover la tala en los años 1970 y ahora sirve para justificar la introducción de plantaciones de palma aceitera y de plantaciones industriales de árboles”.
Sin embargo, ese tipo de “desarrollo” ha demostrado ser un fracaso: “la población indígena y local no se beneficia con esas actividades que destruyen los recursos de su tierra”. “Luego de más de tres décadas de explotación y deforestación, ¿cómo es posible que la mayoría de los habitantes del interior sean más pobres que antes?” Las organizaciones de pueblos indígenas cuestionan “el ‘modelo de desarrollo dominante’, la idea de que esos proyectos en gran escala son siempre ventajosos para las comunidades indígenas”. La realidad es que “tales proyectos generan grandes ganancias para un puñado de personas, las élites y las corporaciones, pero también traen la devastación social y ambiental al país y más allá de él”.
Ahora, además de las plantaciones de palma aceitera el gobierno estatal de Sarawak ha otorgado permisos para plantaciones de árboles en 1.397.644 hectáreas que incluyen tierras DCI y cuencas hidrográficas. “Con el deterioro o la destrucción de la cuenca, las comunidades dejan de disponer de agua potable. Los ríos se contaminan con los productos químicos y el limo que se escurren de las plantaciones forestales”, dice la declaración.

Las compañías plantadoras ya han invadido los territorios de las comunidades indígenas sin su consentimiento previo, libre e informado; esto ha provocado litigios sobre el derecho a la tierra y los recursos y la situación es cada vez más tensa. Las comunidades indígenas han presentado más de un centenar de demandas legales contra los empresarios, el gobierno y las agencias estatales en los tribunales de todo Sarawak.

Los representantes de las organizaciones que conforman la Coalición de Organizaciones de Pueblos Indígenas de Malasia “exhortan firmemente a declarar una moratoria sobre todos los proyectos de plantación y reclaman al gobierno que solucione inmediatamente estos problemas y cuestiones de derechos territoriales en Sarawak”.
(1) “Malaysian Indigenous Peoples want moratorium on plantations, other extractive projects”, comunicado de prensa de la Malaysian Indigenous Peoples Organisations Coalition, http://www.indigenousportal.com/Environment/-Malaysian-Indigenous-Peoples-want-moratorium-on-plantations-other-extractive-projects.html.

Kenia: plantaciones de caña de azúcar podrían acabar con el valioso delta del río Tana

El delta del río Tana es uno de los humedales más importantes de África y uno de los sistemas de agua dulce más grandes e importantes de Kenia. Cubre un área de 130.000 hectáreas donde la mezcla de sabana, manglar, bosque y playas permite disponer de buenos pastos durante la estación seca. Los pastores nómadas Orma y Wardei han usado el delta durante siglos.

El sitio web de la campaña por el delta del Tana informa que “también hay allí una gran extensión de arrozales y otras actividades agrícolas que se realizan en los bordes del delta. Allí se cultiva arroz, maíz, mango, mandioca, bananas, porotos, guisantes y muchas otras hortalizas. La mayoría de los agricultores pertenecen al grupo étnico Pokomo. Entre los pescadores están los Bajuni y trabajadores venidos de otras zonas de Kenia. El delta del Tana es vital para unos 30.000 agricultores, pastores y pescadores, así como para comunidades minoritarias de recolectores cazadores, llamados en conjunto los Wasanya”. (1)
Este ecosistema invaluable del cual dependen una gran diversidad biológica y los medios de vida de decenas de miles de personas bien podría verse trastornado por el ansia ciega de obtener ganancias a corto plazo. El auge de los agrocombustibles está detrás del proyecto de plantación industrial de caña de azúcar para producir grandes cantidades de etanol destinado a los mercados del Norte.

La compañía Mumias Sugar Ltd (MSC) y la Dirección de Desarrollo del Río Athi (TARDA) planean formar una sociedad privada y proponen destinar 20.000 hectáreas mayormente intactas del delta del Tana a la plantación de caña de azúcar. El 11 de junio de 2008, la Dirección Nacional del Medio Ambiente de Kenia (NEMA) aprobó dicho proyecto.

Según un informe encargado por la Real Sociedad para la Protección de las Aves, un enfoque corto de miras llevó a sobreestimar las ganancias potenciales sin considerar los beneficios ecológicos que provee el delta, como la prevención de inundaciones, el almacenamiento de gases de efecto invernadero y la producción de alimentos, todo lo cual “desafía cualquier evaluación”. El informe alerta sobre las graves consecuencias ambientales que tendría la prosecución del proyecto. (2)
Los aldeanos y pescadores del río Tana, así como los pastores nómadas que, desde lugares tan lejanos como las fronteras con Somalía y Etiopía, traen a pastar al delta 60.000 cabezas de ganado durante la estación seca, están furiosos porque no se ha tenido en cuenta el problema de la pérdida de sus medios de vida. En consecuencia, han obstaculizado la realización de audiencias públicas sobre el proyecto.

“Desde tiempos inmemoriales, miles de ganaderos de la zona del río Tana han contado con el delta para obtener pasturas y agua para sus animales. Cuando hay fuerte sequía vienen en gran número desde lugares tan lejanos como Garissa e Ijara, en la Provincia Nororiental”, dice el Sr. Hussein Guracho, un anciano Orma. “Cuando Tarda y Mumias Sugar realicen su proyecto azucarero, la sequía acabará con millones de animales pues la región del río Tana es semiárida, y esto impedirá ganarse la vida a más de 100.000 trashumantes”, explicó.

La cólera nace de la indignación: “Para instalar la fábrica Tarda deberá pasar por encima de nuestros cadáveres”, advirtieron los manifestantes. (3)
Ejemplos como el del delta del Tana muestran el lado destructivo de los agrocombustibles, el desplazamiento y la miseria que provocan cuando ocupan grandes extensiones de las que depende la subsistencia de la gente.

(1) “About the Tana River Delta”, http://www.tanariverdelta.org/tana/about.html(2) “Wildlife and livelihoods at risk in Kenyan wetlands biofuel project”, Xan Rice, The Guardian, http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jun/24/biofuels.wildlife(3) The East African Standard (Nairobi), http://www.sucre-ethique.org/Kenya-Tana-Residents-Protest.html.
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Argentina: mujeres Wichí y Guaraní denuncian la tala de la soja

Según un trabajo del investigador Daniel Slutzky, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Conicet, citado en un artículo del periodista Claudio Scaletta (1), con relación a la provincia de Salta “hasta mediados de los ‘90 la caña de azúcar, el tabaco y los cítricos fueron, junto al poroto, los cultivos tradicionales. Luego, el ciclo del poroto se retrajo por el comienzo del auge sojero. La oleaginosa ocupa hoy más del 50 por ciento de las tierras cultivadas de la provincia y sigue expandiéndose”.

La soja trajo consigo la deforestación. Se calcula que desde 1988 a la fecha se deforestaron aproximadamente 2,3 millones de hectáreas. Según el artículo citado, “si bien la tala indiscriminada se había iniciado con el poroto, se comprende en clave sojera.”
Además de deforestación, la soja trajo concentración de tierras, desocupación y expulsión. “Los crecientes precios de la oleaginosa y las nuevas tecnologías hicieron que muchas áreas marginales se volvieran muy rentables. Los precios de la tierra y de los arrendamientos se mantuvieron rezagados en relación con la rentabilidad potencial, un retraso suficiente como para absorber los sobrecostos de desmonte y de fletes a los puertos. Por las necesidades de escala e infraestructura del cultivo sojero las nuevas oportunidades sólo resultaron accesibles para medianos y grandes productores. En el año 2000, 95 mil hectáreas estaban en manos de 19 productores y sólo uno de ellos poseía 25.000. La concentración coexistió con la expulsión de trabajadores. La modernización tecnológica permitió una drástica disminución de los requerimientos de mano de obra que pasaron de 2,5 a 0,5 jornales por hectárea, un aumento sin precedentes de la productividad del trabajo. Su contraparte fue una significativa emigración de la población rural y la virtual desaparición de pequeños poblados. La tradicional articulación entre la gran empresa agraria y los pequeños productores, muchos de ellos indígenas, se rompió. Los campesinos de parcelas de subsistencia comenzaron a encontrar serias dificultades para complementar salarialmente sus ingresos con las demandas estacionales de la zafra de la caña y la cosecha de poroto, actividades que perdieron importancia relativa. A la realidad de los pequeños productores expulsados de sus tierras se suma la de los pueblos originarios, como los wichís. Algunos emigraron a los conurbanos de Tartagal, Embarcación y la ciudad de Salta. Otros se quedaron arrinconados en bosques que retrocedían”. >
Es en este contexto que el 17 de diciembre de 2008, 18 comunidades indígenas Wichí y Guaraní de Salta presentaron una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la suspensión de las numerosas autorizaciones de desmonte emitidas por el Gobierno de la provincia. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, había avalado pedidos de desmonte y tala sobre un total de 807.509 hectáreas de bosque. Pese a las denuncias de contaminación, enfermedades y desastres naturales provocados por la depredación de los bosques nativos, y al reclamo de las comunidades indígenas por la restitución de sus territorios ancestrales, la Corte no emitió un fallo definitivo. A fines de diciembre de 2008 ordenó la suspensión temporal de los desmontes y la tala de bosque nativo autorizados en el último trimestre de 2007, hasta la realización de un estudio de impacto ambiental que debía estar listo en 90 días. >
El 26 de marzo de 2009 la Corte hizo una extensión de la medida de suspensión, a la espera del informe provincial. A pesar del fallo, la deforestación continuó: las empresas siguieron avanzando sobre los territorios reclamados por las comunidades, y sobre el bosque nativo. Ante la inminente resolución final de la Corte, 20 mujeres Wichí y Guaraní tomaron la decisión de hacerse oír. Fue así que a fines de julio llegaron desde Salta a la capital, como explican, para “llevar NOSOTRAS Y SIN INTERMEDIARIOS los reclamos a los lugares donde se toman las decisiones sobre nuestras vidas, por eso vamos a Buenos Aires”. Hasta ahora, la respuesta a sus reclamos, presentados en los municipios provinciales, solo fue más represión, exclusión y discriminación.Estas mujeres, decididas a “levantar las armas de la conciencia”, anuncian que no quieren ser representadas por organizaciones intermedias, “llámense ONG´s u otras”. “Queremos gritar claramente nuestros reclamos: por nuestras tierras y territorios que están siendo devastados por los desmontes, porque no se cumple con la prohibición de tala del monte nativo”. “Estamos en una situación de miseria, que no nos propusimos, sino que es consecuencia de toda la deshumanización con que se manejan las personas del otro lado. Los que contando con dinero y poder nos avasallaron y nos enfrentaron con otros hermanos pobres para que nos invadieran y nos despojaron también de nuestro territorio”.


Ellas hablan de las enfermedades que acarrean los desmontes, de la leishmaniasis, ante la cual no saben defenderse por desconocerla. “Nadie viene aquí a instruirnos, nadie viene a capacitarnos, y sabemos que para hacer los programas y los proyectos de salud no hay ningún indígena”. (2)
En Buenos Aires, el grupo de mujeres presentó su petitorio ante diversos organismos, entre ellos la Corte Suprema, la Presidencia de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Cámara de Diputados, Amnistía Internacional, la Asociación Americana de Juristas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Pero no hay tregua: el 14 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió, eufemísticamente, "permitir la reanudación de la ejecución de las tareas de aprovechamiento forestal en los departamentos de San Martín, Orán y Santa Victoria". Eso quiere decir permitir que continúe la deforestación en el norte de Salta, rechazando la demanda de las comunidades originarias.
Según cuentan las mujeres, la respuesta que les dieron fue que “quizá se trata de "Tala Selectiva" o "Reforestación" lo que vinimos a denunciar. Luego de ver las fotos y las pruebas de todo lo planteado, nos dijeron además que podríamos tomar el ejemplo de nuestros hermanos del sur que son protectores de parques nacionales !!!!! Pero claro, siempre y cuando tengamos los títulos de propiedad!!! INDIGNANTE. No dieron ninguna respuesta, ni alternativas”.
Como expresaron con sus palabras: “Estamos sufriendo en este momento lo que toda la vida hemos sufrido: el despojo. Si bien antes nos combatían con el Winchester, el Remington, el Mauser, ahora es con este modelo de sojización que hay en el norte”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3842-2009-03-29.html(2) “Para ser vistas y escuchadas. Mujeres de la comunidad wichí "Honat Le' Les", en lucha”, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla, http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/50831(3) “Argentina_MUJERES WICHI Y GUARANI: La lucha continúa”, Red Latina Sin Fronteras, http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/08/20/argentina_mujeres-wichi-y-guarani-lucha-continua>

Destruyendo con una mano, tomando con la otra: biomasa, REDD y bosques

Los bosques son gran noticia por estos días. Evitar la deforestación nos ayudará a enfrentar el cambio climático (al menos si el carbono almacenado en los bosques no se comercializa, permitiendo que las emisiones continúen en otro lugar). Aún así, los bosques nunca antes corrieron una amenaza tan grave.

Reducir la deforestación es una buena idea. Detenerla por completo sería mejor. Pagar a los Pueblos Indígenas y comunidades locales que protegen los bosques sería aún mejor. Se supone que ésa es la idea en la que se basa el Nuevo Gran Plan para salvar los bosques: REDD (reducción de las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques). Pero entonces, ¿por qué REDD no intenta ocuparse de las causas de la deforestación?

Como lo ha señalado reiteradamente el WRM, una de las amenazas más graves y ocultas para los bosques proviene de las plantaciones industriales de árboles. La actual obsesión con todo lo que tiene que ver con el carbono, sumada a que la ONU no diferencia los bosques de las plantaciones, constituye el mayor incentivo de todos los tiempos para talar los bosques y reemplazarlos por plantaciones.
Una gran parte de dicha amenaza tiene su origen en una falsa solución al cambio climático: las plantaciones de biomasa. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático la madera es considerada “carbono biogénico”, el cual forma “parte del equilibrio natural del carbono no aumentará la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.” Pero como resultado de esta contabilidad creativa, las ce

ntrales energéticas a base de biomasa florecen como hongos después de la lluvia. China planea construir plantas de este tipo para generar 30.000 MW de aquí a 2020. El Sudeste de los EE.UU. ha sido llamado la “Arabia Saudita de la biomasa”. Gran parte de esta expansión está destinada a alimentar empresas europeas de servicios públicos, que de ahora a 2020 deben producir el 20 por ciento de su energía a partir de “fuentes renovables”.

A medida que los árboles crecen, absorben carbono. Hasta ahí, todo está bien. Pero los proponentes de la biomasa pasan por alto el hecho de que quemar madera libera dióxido de carbono, así como la industria del papel y la celulosa ignora el hecho de que hacer pasta de madera para producir papel también genera cantidades masivas de dióxido de carbono.

Claro que si se replantan, los árboles absorberán dióxido de carbono. Pero incluso con los árboles de crecimiento más rápido, como los eucaliptos, es necesario esperar de cinco a siete años para que absorban el dióxido de carbono liberado por la combustión de la madera. Si vamos a tratar de evitar un cambio climático descontrolado y peligroso, lo último que necesitamos es una demora de cinco a siete años. En Europa y EE.UU. los árboles crecen más lentamente y, por lo tanto, demoran más tiempo en absorber el carbono.

Un informe de mayo de 2009 publicado por la revista Science, escrito por Marshall Wise y sus colegas de la Universidad de Maryland, compara dos posibles escenarios futuros: uno donde todas las emisiones de carbono están gravadas (incluso las emisiones provocadas por el cambio del uso de la tierra) y otro donde sólo se gravan las emisiones de los combustibles fósiles y las emisiones industriales de carbono. Esta última opción es el resultado lógico de considerar la biomasa como “carbono biogénico” y así ignorar el dióxido de carbono emitido cuando se la quema. El resultado de esto sería que “prácticamente toda la tierra que no se necesita para cultivar alimentos y productos del bosque sería utilizada para cultivar bioenergía”. Un gráfico del artículo muestra que para 2065 todos los bosques no manejados, montes, praderas así como pasturas no explotadas del mundo se convertirían en plantaciones de bioenergía.

Los autores comentan con ironía que “En realidad es difícil imaginar una deforestación a tan gran escala, porque cuesta imaginar que la sociedad encuentre aceptable este resultado.”

La provincia de Riau, ubicada en la isla indonesia de Sumatra, provee precisamente un ejemplo de tal “deforestación a gran escala”. Veinte años atrás, el 80 por ciento de la provincia estaba cubierto de bosques. Ahora, sólo queda el 30 por ciento. Dos empresas de papel y celulosa han provocado esa deforestación: Asia Pulp and Paper (APP) y Asia Pacific Resources International (APRIL). Los dueños de estas empresas (los conglomerados Sinar Mas y Raja Garuda Mas respectivamente) también han invertido en enormes plantaciones de palma aceitera, provocando una destrucción aún mayor del bosque. Uno de los factores que provoca la expansión de las plantaciones de palma aceitera es la demanda europea de bioenergía.

Al gobierno indonesio le gusta el sistema REDD, sobre todo porque espera ganar millones de dólares con el financiamiento obtenido a través de este mecanismo. Los países del Norte también se inclinan a financiar los mecanismos REDD en Indonesia, especialmente porque eso les permitiría dar una fachada verde a la extracción continua de petróleo. Por ejemplo, la empresa noruega StatoilHydro está desarrollando proyectos petrolíferos en Indonesia. Mientras tanto, el embajador noruego en Indonesia, Eivind Homme, puede afirmar que “Noruega financia el programa REDD de la ONU en Indonesia, uno de los proyectos piloto sobre cambio climático.”

Indonesia fue el primer país del mundo que legisló sobre las inversiones REDD. Pero a comienzos de este año, el mismo gobierno indonesio decidió permitir la expansión de las plantaciones de palma aceitera en las turberas. Para cultivar palmas o árboles para celulosa en las turberas es necesario desmontar y drenar la tierra, lo cual libera millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Las autoridades también permiten a las empresas de celulosa talar los bosques nativos y hacen la vista gorda cuando utilizan madera ilegal.

¿Se ocupará REDD de esta destrucción? No, a juzgar por lo que se ha avanzado hasta ahora. En Guyana, el Presidente Bharrat Jagdeo asegura a la industria que su Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono no afectará las actividades de las empresas madereras, las compañías mineras o los planes de construcción de rutas a través de zonas de bosque. En Papúa Nueva Guinea, el gobierno hace poco o nada por evitar la destrucción causada por la tala industrial o las plantaciones de palma aceitera, al tiempo que permite a una serie de empresas firmar con los aldeanos turbios contratos de comercialización de carbono forestal para futuros proyectos REDD.

A menos que REDD se ocupe de la destrucción causada por la tala y las plantaciones (ya sea para bioenergía, palma aceitera o celulosa), no logrará detener la deforestación. Y mientras la definición de bosques de la ONU no diferencie los bosques de las plantaciones, no hay posibilidad de que esto suceda.